Tucumán: a 50 años del Operativo Independencia Frente al intento del gobierno por justificar el terrorismo de Estado, seguimos defendiendo las libertades y el juicio y castigo a todos los genocidas. José Martínez El gobierno peronista (1973-1976) legitimó y ejecutó la represión estatal contra la clase trabajadora y la izquierda revolucionaria, preparando el camino para la dictadura que se instalaría en 1976. Durante esta etapa, el accionar de las Fuerzas Armadas en la represión interna se institucionalizó a través de decretos como el 261/75, firmado el 5 de febrero de 1975 por Isabel Martínez de Perón, que dio inicio al Operativo Independencia. Este operativo militar, bajo la excusa de combatir la guerrilla del PRT-ERP en Tucumán, persiguió y eliminó, sobre todo, a estudiantes, obreros y militantes políticos. La represión no se limitó a las Fuerzas Armadas. Desde 1973, el gobierno peronista también utilizó a la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), un grupo parapolicial dirigido por José López Rega, ministro de Bienestar Social y hombre de confianza de Perón. La Triple A desplegó el terrorismo de Estado mediante asesinatos, secuestros y amenazas contra militantes de izquierda, activistas sindicales y opositores. La articulación entre la represión ilegal de la Triple A y la represión institucional del Ejército consolidó el aparato represivo que la dictadura luego amplificaría. La dictadura militar apuntó sus cañones esencialmente a activistas obreros y una nueva camada de luchadores surgidos del Cordobazo. En Tucumán, el Operativo Independencia significó la militarización total de la provincia. Aunque el ERP, bajo la dirección de Mario Santucho, operaba en el monte tucumano con un pequeño destacamento guerrillero, el verdadero objetivo de las fuerzas represivas fue contener el avance del movimiento obrero organizado. Los trabajadores azucareros tucumanos venían protagonizando luchas diversas frente al cierre de ingenios impuesto por la dictadura de Onganía (1966-1970), y la creciente movilización obrera a nivel nacional, con hitos como el Cordobazo (1969), abrían la posibilidad de un ascenso revolucionario. Famaillá se convirtió en el epicentro de la represión. La comisaría local fue uno de los puntos de comando del genocida Acdel Vilas, luego reemplazado por Antonio Bussi. A solo 500 metros de allí se instaló La Escuelita de Famaillá, el primer centro clandestino de detención del país, por donde pasaron más de 2.000 personas; muchas de ellas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en el marco del operativo. Este laboratorio del terror operó en plena ciudad, con al menos 10 bases militares, controles de población y colaboración de sectores civiles: empresarios como el dueño del ingenio fronterita José Minetti, jueces, burócratas sindicales, la iglesia y los medios de comunicación fueron cómplices de la represión. El Operativo Independencia y la acción de la Triple A demostraron que el terrorismo de Estado no fue una creación exclusiva de la dictadura. Fue el propio gobierno peronista el que dio las herramientas políticas, legales y operativas para la represión, legitimando la actuación del Ejército en la política interna y persiguiendo a la izquierda y al activismo obrero. Desde la Ley de Obediencia Debida y Punto Final de Alfonsín, hasta el intento de reconciliación impulsado por Macri con el 2×1, o la reivindicación de César Milani durante el kirchnerismo, todos los gobiernos han buscado cerrar la historia sin garantizar justicia plena. En la misma línea, Alberto Fernández llamó a “dar vuelta la página� con las Fuerzas Armadas, relativizando el rol del Estado en la represión y el genocidio. Su política de derechos humanos se limitó a la retórica, mientras mantenía intactas las estructuras represivas que hoy la derecha busca fortalecer. A 50 años del inicio del terrorismo de Estado en Tucumán, solo hubo dos juicios y 13 condenas por crímenes de lesa humanidad vinculados al Operativo Independencia. Estos avances no fueron concesiones del Estado, sino conquistas logradas gracias a la lucha incansable de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y partidos políticos que sostuvieron la pelea en las calles y en los tribunales. Genocidas como Antonio Domingo Bussi fueron beneficiados con prisión domiciliaria y finalmente murieron en sus casas y no en la cárcel donde debieron estar. Hoy, frente al avance de discursos reaccionarios y fascistizantes y el intento de Milei, Villarruel y sus cómplices de justificar el terrorismo de Estado, seguimos defendiendo las libertades democráticas, el derecho a la protesta y el juicio y castigo a todos los genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.F:PO